6 de noviembre de 2.020
Necesaria e interesante plataforma en defensa de la libertad en educación. Si no lo has hecho todavía, firma ahora, pinchando en el enlace.
El vídeo explica el porqué hay que parar la LOMLOE,
próxima Ley de Educación.
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18 de junio de 2.020
FUENTE: http://www.libresparaeducar.com/derechos/el-derecho-a-recibir-ensenanza-religiosa-escolar-confesional
Interesante vídeo que muestra la utilidad de la enseñanza religiosa
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21 de septiembre de 2019
7 ASPECTOS DE INTROMISIÓN IDEOLÓGICA EN LOS PLANES EDUCATIVOS
FUENTE: http://www.libresparaeducar.com/7-aspectos-de-la-intromision-ideologica-en-los-planes-educativos
En los últimos dos años estamos asistiendo en nuestro país a
un intento obsesivo por parte de las administraciones educativas, ya sean
estatales o autonómicas, de transmitir en las aulas una particular ideología
que, al margen de que esté mejor o peor argumentada, en ningún caso debería
tener cabida en la planificación educativa de un Estado plural y democrático
como es España, en cuya Constitución se lee claramente: Art. 27.3: “Los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación (…) moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones”.
La gravedad de estos intentos de adoctrinamiento ideológico
se puede sintetizar en los siguientes siete aspectos:
1. Gravísima intromisión en la construcción de la identidad y
de la personalidad del menor, dejando en manos de los centros educativos, la
modelación de su emotividad, su modo de percibirse y su modo de comportarse en
abierta desvinculación con su raigambre familiar.
2. Suplantación del fundamento de la dignidad de la persona
sustituyéndolo por opciones, preferencias y gustos afectivos y sexuales: Si
bien es obvio que todas las personas tienen derecho a desarrollar libremente su
personalidad, su identidad o sus gustos afectivos o sexuales –y nadie puede ser
discriminado por ello–, sin embargo, esto no significa que los demás estén
obligados a conocer, apreciar e imitar sus gustos o criterios como pretenden
las administraciones educativas.
3. Imposición de la doctrina constructivista sobre la identidad
de género como construcción exclusivamente cultural. Esta doctrina es contraria
a la ciencia pues ésta sostiene que la identidad de género es resultado de la
interacción de factores biológicos y factores ambientales (Asociación Americana
de Psiquiatría: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
(DSM-5 R), 5a Ed. Arlington, VA, 2014, p. 451). Consecuentemente, se lleva a
cabo un desprecio irresponsable de la psicología evolutiva, de las condiciones
neurológicas y endocrinas implicadas en la construcción de la identidad
personal, sometiendo a los menores –desde edad muy temprana– a una confusión
perniciosa para su maduración psico-afectiva
4. Desprecio de la totalidad de las cualidades masculinas y
femeninas tachándolas indiscriminadamente de sexistas y de origen cultural y
negando las que tienen fundamento endocrino y neurológico. Desprecio de
aquellas cualidades femeninas y masculinas que nos enriquecen como personas
desde la diversidad, atribuyéndoles falazmente el origen de toda discriminación
y violencia.
5. Imposición de un modelo feminista como el único verdadero:
el feminismo de género, sin aceptar otras alternativas como el feminismo de la
diferencia. Este último, por ejemplo, reivindica la lucha por la igualdad a
partir de dos modos diferentes de ser –hombre y mujer- con cualidades diversas
y complementarias para el enriquecimiento de la sociedad. Pues no toda
diferencia es fuente de discriminación como se pretende en los nuevos planes
educativos.
6. Imposición de una educación afectivo-sexual reduccionista y
biologicista, en abierta confrontación con otros modelos acordes con las
convicciones de muchos padres: Para buena parte de la sociedad la sexualidad no
es una realidad plenamente humana si no integra de manera armoniosa todas las
dimensiones del psiquismo: instintividad, afectividad y racionalidad. Una
sexualidad madura es aquella que integra las dimensiones inferiores bajo el
dominio de las superiores y no al revés. En cambio, es característico de la
inmadurez la subordinación de lo racional a lo emocional o a lo instintivo tal
y como se plantea en numerosos materiales educativos, proponiendo juegos
eróticos y otras experiencias hedonistas con grave irresponsabilidad.
7. Imposición de una doctrina reduccionista del amor
sometiéndolo a las dimensiones del placer y la comunicación y excluyendo
explícitamente el crecimiento y maduración personal orientado a la entrega
incondicional
Por todo lo anteriormente expuesto, desde la plataforma
“Libres para educar a nuestros hijos” queremos hacer un llamamiento a toda la
sociedad española para que se sensibilice ante un tema tan serio como es el
derecho a la educación, derecho que en ningún caso puede ser suplantado por
ningún Estado.
28 de agosto de 2019
- La educación ha de transmitir una visión del ser humano completa, coherente y conforme a la verdad.
- Los padres han de ser los principales actores de la educación de sus hijos, particularmente en todo lo referente a la moral.
- La educación moral exige atención personal, que proporciona la familia. Sólo ella conoce en profundidad a sus hijos y es la más interesada en su educación y en su formación como personas y ciudadanos.
- El Estado no puede servirse del sistema educativo para adoctrinar. Los centros docentes del Estado han de ser ideológicamente neutrales. El Estado carece de la capacidad de imponer por ley a todos los ciudadanos una determinada concepción de la sexualidad humana.
- La libertad de los padres para elegir la educación que sea conforme a sus convicciones incluye igualmente las de tipo filosófico y pedagógico.
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5 de julio de 2019
Libertad educativa: iniciativas para defender los derechos de los padres
La libertad educativa sufre graves ataques por parte de las Administraciones públicas. Los padres son los responsables de la formación de sus hijos y tienen derecho a elegir qué tipo de enseñanza quieren darles.
Distintas Administraciones públicas españolas han
dirigido ataques muy serios al derecho de libertad educativa. Entre
ellos, pueden señalarse la aprobación de leyes autonómicas en materia
de LGTB y
la imposición de la ideología de género en los centros públicos y
concertados; la propuesta de eliminar colegios concertados de Educación
Especial; la discriminación a los centros de educación diferenciada; la
imposición de lenguas locales en diversas comunidades autónomas; el
intento de excluir de las prácticas en hospitales públicos a estudiantes
de universidades privadas en la Comunidad de Valencia; o la eliminación de
la “demanda social” y las trabas para la enseñanza de la asignatura de Religión y para los centros bilingües en el
proyecto de Ley Celaá.
Estas medidas han activado una necesaria y
urgente iniciativa
en defensa de la enseñanza no estatal, destinada a concienciar a la
sociedad española de que son los padres los responsables de la formación
de sus hijos y tienen todo el derecho a elegir qué tipo de enseñanza les
quieren dar.
La competencia en materia educativa es necesaria
No es fácil de explicar por qué las familias españolas,
tradicionalmente, no son mucho más activas reivindicando sus derechos en
materia educativa frente a la Administración. Casi todo el mundo está de acuerdo
en la conveniencia de que exista competencia entre los sectores
de taxi y VTC para promover servicios de transporte más
competitivos y, sin embargo, somos pocos los que venimos apelando a ese mismo
principio para mejorar el sistema educativo y orientarlo a satisfacer
mejor las diversas necesidades de sus usuarios.
La evidencia científica ha demostrado que la competencia
entre centros y la existencia de escuelas no estatales impulsan notablemente la
innovación del sector y la satisfacción de las familias. Podemos señalar, en
este sentido, el interesante trabajo de Martin R. West y
Ludger Woessmann (2010), que concluye que la existencia de
colegios católicos propició menores costes y mejores resultados en las
pruebas de Matemáticas, Ciencia y Lectura, en una muestra de más de 30 países.
En el caso de España, existen varios
trabajos del máximo rigor científico que demuestran el mayor
rendimiento de los centros no estatales, entre los que podemos destacar el
de Luis Miguel Doncel, Jorge Sainz e Ismael Sanz (2012).
A su vez, en Manuel M. Molina, Gonzalo
Sanz-Magallón, y María Carmen García Centeno (2018) se
demuestran los efectos positivos de la competencia entre escuelas
en la Comunidad de Madrid sobre los resultados de los alumnos en las pruebas de
“Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI)”. Otros estudios han desvelado
la mayor tendencia a trabajar ambos progenitores y ahorrar gastos en consumos
superfluos cuando la familia opta por enviar a sus hijos a colegios o
universidades privadas, deshaciendo el mito de que la enseñanza privada en España es para familias “ricas” (Gonzalo
Sanz-Magallón, Gregorio Izquierdo, Tomás Curto, 2008).
La libertad educativa responde a la pluralidad social
Por tanto, la existencia de distintos tipos de educación,
pública, concertada o puramente privada, no solo viene justificada por la
pluralidad social y la existencia legítima de diferentes deseos y valores
que la escuela puede transmitir. Es también un asunto de mejora de la
eficiencia en el gasto público, ya que los monopolios limitan el bienestar
económico y social y, frecuentemente, los consumidores se ven obligados a
utilizar proveedores que no son de su agrado, ya que no tienen otras
posibilidades.
El sector de la enseñanza no estatal en España compite con
desventaja frente a la pública, ya que buena parte de los centros
concertados padece desde hace años de un “déficit de concierto” que no
cubre la totalidad de los costes necesarios para ofrecer un servicio de calidad
y obliga a buscar fuentes de financiación complementarias. En el caso de
las universidades privadas, la ausencia de subvenciones limita
sus posibilidades de tener una mayor penetración entre los estratos
socioeconómicos más bajos, algo que sería muy deseable para mejorar las
oportunidades profesionales de esos colectivos.
En definitiva, los derechos de las familias solo pueden
garantizarse mediante una auténtica libertad educativa. La calidad del
sistema debería promocionarse a través de la satisfacción manifestada por
alumnos y familias en sus elecciones de modelos y centros educativos, en vez de
en procedimientos de inspección por parte de las Administraciones públicas de
muy dudosa eficacia, como se puso de manifiesto en las graves anomalías
cometidas en estudios de posgrado de una universidad pública.
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